La capital de los sueños rotos

*El próximo 22 de mayo, Carlos García será uno de los 51 chilenos de la provincia de Alicante que podrá ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales. Un derecho político que acerca a 3706 extracomunitarios a la condición de ciudadanos. Modou Gaye -senegalés en situación administrativa irregular- también es un ciudadano, según la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana. El 9 de septiembre de 2010 la policía lo detenía en una de las habituales redadas en la ciudad e iniciaba los trámites para su expulsión. La poesía no existe en la calle.

Los controles y las detenciones de extranjeros también se llevan a cabo en la estación de autobuses, en los locutorios, en centros de formación e inluso en la puerta de sus viviendas. El azar entra en juego. En muchas ocasiones se actúa de manera arbitraria y con brutalidad, como denuncian algunas entidades sociales y asociaciones de inmigrantes de la capital.

A un chico la policía municipal lo atropelló”, comenta Malick Salane, secretario de la Asociación Senegalesa de Alicante. “Estaba en un bar vendiendo y, al salir corriendo, los policías le golpearon con el coche y le rompieron una pierna”. Al no tener documentación española legal la mayoría no denuncia. “La gente tiene miedo”, afirma Salane en la sede de la asociación, en cuya puerta cuelga una noticia que anuncia que la obtención del Compromiso de Integración que otorga la Generalitat permitirá a 10.000 inmigrantes renovar su tarjeta de residencia.

Ancízar tuvo peor suerte. Lo detuvieron dos policías de paisano cuando iba a la oficina de extranjería a solicitar su permiso de residencia por arraigo social. Tenía aquí a su esposa y a dos hijos pequeños. “No le dejaron presentar los papeles; se lo llevaron a un centro de internamiento para extranjeros y al día siguiente lo sacaron del país, sin respetar el derecho de sus hijos a tener un padre”. El testimonio lo cuenta con indignación Marino de Jesús Pulgarín, coordinador en Alicante de la Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación (AESCO).

El abogado de Modou Gaye ha presentado un recurso contra la orden de expulsión. Sus piernas largas y delgadas se ven a lo lejos sobresalir de un portal de la Avenida de la Estación, frente a la Diputación de Alicante. Hace tres días que llegó la primavera pero va abrigado con chaqueta, gorro y guantes. Permanece largas horas sentado, dejando caer su espalda contra la pared. A su lado, unos collares y pulseras sobre una pequeña tela, como si alguien los hubiera dejado ahí. Lleva sus papeles gastados -la orden de expulsión y el recurso- dentro de una mochila por si tiene que volver a mostrarle a un policía su indefensión, su derrota y su desolación.

Se estima que unas 42.000 personas extracomunitarias se encuentran en situación administrativa irregular en la provincia, según un informe del Secretariado Diocesano de Migración (ASTI), publicado en septiembre de 2010. “Las expulsiones vienen desde hace varios años”, apunta Pulgarín. En la asociación tienen casos documentados de seis años atrás. “Los ritmos de expulsiones son casi invariables; es como si tuvieran una cuota fijada por años, como metas a cumplir en ese tema”. Y afirma que “en este último año se han incrementado las redadas incluso en el centro de Alicante.”

Denuncia del SUP y negación del Gobierno español

Carlos García, presidente de Casa Chile Alicante, comparte esa opinión. “No hay órdenes escritas pero los policías salen a la calle a por los inmigrantes. En la plaza del Sol de Alicante, la bola de oro, son muy comunes las redadas; la policía cierra y a todo el mundo le pide ‘papeles’”. García tiene la doble nacionalidad; es traductor de búlgaro y trabaja desde hace seis años para la policía judicial, la guardia civil y los juzgados. Le resulta paradójico que, a pesar de trabajar para la policía, le hayan parado unas cuantas veces para pedirle la documentación. “La apariencia física nos hace sospechosos”, lamenta. “El problema es con los nuevos policías; los que han entrado en el cuerpo estos últimos tres o cuatro años. Parece como si los hubieran preparado para eso.”

En la estación de trenes, uno de los policías de la brigada móvil niega que tengan órdenes de detener a inmigrantes. “Hay controles de documentación pero se hacen a cualquier pasajero; puede haber terroristas”. Y en el caso de extranjeros “sin papeles”, afirma que cumplen la Ley de Extranjería: “Se les detiene; se les lleva a comisaría y se incoa un expediente.”

El Ministerio del Interior ha negado en varias ocasiones, incluso en el Parlamento, que la policía pida documentación por el color de la piel. Un hecho que contradice el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que denuncia en una nota de prensa que “la policía ejecuta las órdenes políticas que vulneran los derechos de los inmigrantes” como consecuencia de la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Para el sindicato, la circular “trata a los inmigrantes como delincuentes; se dispone su detención ‘preventiva’ contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional”. La nota de prensa abunda en las prácticas policiales de identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública que “vulneran derechos civiles de ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que pueden incurrir en detenciones ilegales, sancionadas con penas de cárcel y expulsión”. El comunicado del SUP termina denunciando la hipocresía del Gobierno “que mantiene un discurso político en sentido contrario a lo que ordena a los policías.”

A pesar de esto, el 18 de enero, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó el balance de la lucha contra la inmigración ilegal en 2010. Según las cifras del ministerio, se repatriaron un total de 30163 personas, un 20.89% menos que el año anterior. Ni la Subdelegación del Gobierno ni el propio ministerio dan las cifras de los dramas humanos de la provincia de Alicante.

También la ONU exige el fin de las redadas en España. En el Punto 10 de las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racialinsta al Estado a tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales.”

Pero no sólo sufren el acoso las personas en situación administrativa irregular. También los inmigrantes con permiso de trabajo son víctimas de la discriminación y el maltrato institucional. El servicio jurídico del Centro de Información para Trabajadores Migrantes de CCOO denunció al INEM de Alicante en septiembre de 2010 por delatar, exigiendo los pasaportes, a extranjeros que han estado fuera de España más de 15 días mientras percibían la prestación por desempleo. Eso implica que, en algunos casos, el INEM les reclame la devolución íntegra de la prestación.

Inmigración y crisis económica

En Alicante, más de 227.000 personas no tienen trabajo. Una tasa de paro cercana al 25%, según datos del INE. Los inmigrantes, con una tasa mayor que los nacionales, sufren especialmente la crisis. No obstante, son vistos con recelo por algunos sectores de la sociedad. “Tiempo atrás éramos necesarios; con la crisis ya no se nos ve así”, lamenta Malick Salane. “Hemos trabajado en el campo, hemos cuidado a ancianos y enfermos. Eso ha aportado mucho a la economía española. Y hay que reconocerlo”. Salane cree que hay que seguir luchando porque “nos merecemos un trato digno.”

Pulgarín ve con preocupación “la doble moral que se aplica en el trato que se da a personas inmigrantes. Por un lado, se les considera nuevos ciudadanos y, por otro, se les persigue y expulsa.”

Claudia Henríquez, de origen ecuatoriano, vive la crisis desde otra experiencia migratoria. Llegó a España en octubre del 2000 para pasar unas vacaciones. A los tres días ya estaba trabajando. “La situación económica era muy buena. Las cosas iban bien”, recuerda. En 2006 obtuvo la nacionalidad española. Después de un año en el paro hizo trabajos esporádicos hasta que, hace nueve meses, encontró un trabajo fijo en una casa, aunque sin contrato. Ve la situación de sus compatriotas con tristeza. “Yo no he pasado por eso pero, así como están tratando a las personas, pueden tratar a un familiar tuyo o a algún conocido y lo sientes como si te lo estuvieran haciendo a ti.”

Carlos García habla de un compañero que llegó a España hace algunos años. “Ya está en situación legal”, comenta. Años más tarde consiguió traer a su esposa e hijos aunque todavía no están regularizados. “Dice: por un lado, me dan el derecho al voto y, por otro, cualquier día de estos expulsan a mi familia.”

Sentado en el portal de la Avenida de la Estación, Modou Gaye se descubre la mano derecha para despedirse. Intenta forzar una sonrisa pero no lo consigue. Es un gesto de dolor.

La economía española necesitará la llegada de 4,1 millones de inmigrantes en el año 2034 para reemplazar a la población en edad laboral, según el informe anual sobre migraciones de la Fundación CeiMigra. Se ponen en marcha más de cuatro millones de sueños.

* Este trabajo recibió el 7 de abril de 2011 el Premio de Reportaje Periodístico Ricardo Ortega de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *